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  • Jura 12-07-2013
    LA JUSTICIA BONAERENSE RECLAMA INDEPENDENCIA ECONÓMICA
    21-03-2016

    La necesidad de su autonomía presupuestaria y autarquía  económico-financiera fue planteada, de manera muy clara y firme, por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a través de comunicados y resoluciones difundidos en los últimos días del año pasado.

    El 25 de noviembre, mediante  resolución 2727/15,  solicitó al Poder Legislativo que trate el proyecto de Ley A3/2014-2015 regulando la autonomía presupuestaria y autarquía  económica-financiera del Poder Judicial de la Provincia, ante la posibilidad cierta de que perdiera estado parlamentario al comenzar el año 2016, cosa que finalmente sucedió.

    Cabe recordar que en octubre de 2014 se envió el proyecto al Ministerio de Justicia y durante el mismo mes tomo estado parlamentario en la Honorable Cámara de Senadores.

                También el 25 de noviembre  y mediante resolución 2728 solicitó al Poder Ejecutivo Provincial la remisión de fondos para la Jurisdicción Administración de Justicia ofreciendo un informe mensual del  año 2015,  donde  surgen las diferencias adeudadas de las partidas mes por mes, llegando a un total de casi cien millones de pesos.

    Además, dicha Resolución solicita  que se activen las gestiones  para la concreción  de las Obras de Infraestructura  pendientes de ejecución, para ello la Corte presentó un detallado informe  de temas de infraestructura  en distintos departamentos  judiciales, de expedientes  administrativos  cuya tramitación lleva  varios años. Hay expedientes de los años 2005, 2007, 2008 2009, 2011, 2012 y 2014, donde se reclaman un total de 23 obras, en el marco de la Ley 13.795 que declaró el estado de “Emergencia Edilicia” del Poder Judicial.

                Al mismo tiempo, en la mencionada Resolución se solicita información al Poder Ejecutivo relacionada con la elaboración del Proyecto de Presupuesto del Poder judicial para el año 2016.

                 Por otra parte, el 2 de diciembre, mediante resolución 2838, el Poder Judicial expresa la preocupación por la existencia de gran cantidad de vacantes de Magistrados  que afecta el normal funcionamiento del Servicio de Justicia estimados en 144  cargos, lo que significa el 11,7% del total, sin considerar los ceses  previstos por jubilación.

                El 29 de diciembre emite un comunicado de Prensa, dejando en claro que el Poder  Ejecutivo elevó  el presupuesto  para el ejercicio 2016  del Poder  Judicial  sin  consultar con la Corte y sin solicitarles información alguna, en ese presupuesto no se contempla una mejora gradual del porcentaje.

                Con estos  antecedentes muy concretos, el año 2016 presenta un panorama  muy austero, en el mejor de los casos.

                Este cuadro de situación hace crecer la preocupación por las complicaciones que actualmente tiene la Corte para poder administrar con un concepto de justicia eficaz.

                Cabe señalar que hablamos de administrar ya que la autonomía e independencia económica del Poder Judicial, sigue siendo un objetivo no alcanzado todavía.

                Por si cabe alguna duda, el comunicado concluye que “para  consolidar la independencia del poder Judicial  es indispensable la ley  que establece su autonomía presupuestaria y autarquía  económico-financiera”.

                 Con este panorama, en nuestro Departamento Judicial, el futuro inmediato se presenta cuesta arriba, ya que  todo está en etapa de inicio y la infraestructura es uno de los problemas más arduos aún por resolver.

                Cada juzgado y dependencia que se abre, es mediante un complejo sistema del alquiler que se hace por oferta en expediente administrativo, cuyo trámite suele tardar entre 6 meses y 1 año para que se concrete. A ello hay que agregarle las adecuaciones correspondientes  a las necesidades de esa dependencia, tales como refuerzo de potencia eléctrica,  instalación y cableado de equipos de informática,  mobiliario, alguna obra chica para despachos o mesas de entradas ya que es muy difícil encontrar edificios o casas con esas características.

    Mucho de estos trámites se hacen por oferta privada  en el área de administración en la ciudad de Mercedes, cuya articulación -en razón de la distancia-  no es la más adecuada, llegando a la tan  esperada apertura de la dependencia luego de dos o más años de trámites y padecimientos.

    Con este sombrío panorama es fácil arribar a la conclusión de que, por ahora, ni el Poder Judicial puede consolidar una independencia económica del poder Ejecutivo, ni el Departamento Judicial Moreno General Rodríguez, puede  desarrollarse con autonomía por carecer todavía de áreas administrativas y  órganos de superintendencia 

                Tanta adversidad y complicaciones, podrían llevar al desaliento de muchos en la creencia de que ya nada se puede hacer. Sin embargo, la realidad indica que cada vez son más los que redoblan esfuerzos para desarrollar y planificar un Departamento Judicial acorde a las necesidades de nuestros justiciables proyectando la autonomía  local y la autarquía  provincial.

                 Es alentador observar como se está formando una nueva generación de jóvenes  profesionales y de empleados judiciales que le están dando cuerpo y alma a este proyecto, con un importante anclaje local, lo que permite, a quienes tienen algunos años en esta lucha, advertir que hay fuerza joven con ganas de remar, esto trae alivio y acrecienta la esperanza.

                Los tiempos que vienen serán duros pero la gestión es intensa y el objetivo es muy claro. Ya son diez años de  Departamento Judicial, esto es aprendizaje y más experiencia para desarrollar un modelo que nos represente y cubra nuestras legítimas necesidades de justicia.

    Mario Barboza
    Periodista
    Prensa-CAMGR

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